A través de un comunicado respecto a la Ley MiCa, el gobierno español informó a sus ciudadanos acerca de la decisión de acortar el período transitorio estipulado para dar paso al inicio de vigencia.
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Acortan período de gracia
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España (MINECO) fue el responsable de emitir el comunicado y portavoces indicaron que el adelanto sería de 6 meses para operadores ubicados en territorio español.
Este adelanto se refiere al período transitorio que había sido acordado en el que las empresas gozarían de un tiempo de gracia de 24 meses, para permanecer en funcionamiento mientras actualizaban lo necesario y adherirse a lo estipulado en la legislación.
El acuerdo se llevó a cabo contando con la aprobación de los 27 miembros de la Unión Europea (EU), incluyendo a España. No obstante, el recorte aprobado por el gobierno reducirá el período establecido a 18 meses.
La vigencia se adelanta a 2025
El anuncio podría deberse al reciente llamado del European Securities and Markets Authority (ESMA), la autoridad supervisora del sistema financiero de la EU, a que sea acortado el período transitorio para evitar que empresas irregulares sigan operando en territorio europeo. En consecuencia, parte del escrito publicado dice:
“MiCA, reglamento pionero en el mundo, se pondrá en marcha en España en diciembre de 2025 con el fin de crear un marco regulatorio y supervisor estable que dé seguridad jurídica y proteja a los inversores en relación con la provisión de servicios de criptoactivos.”
El lapso transitorio de adaptación inició en el pasado mes de julio cuando se publicó en el diario oficial del Consejo de la EU la ley MiCA, sin embargo, entes regulatorios como ESMA incitan a que se aceleren los procesos y se designe lo antes posible a las autoridades responsables para la aplicación de la ley.
Autoridades designadas para ley MiCA
Analistas consideran que el adelanto de la puesta en vigencia de la ley MiCA corresponde a la necesidad de crear un registro de proveedores de servicios criptográficos, para así conocer a fondo qué empresas y organizaciones de este tipo se encuentran operando actualmente en territorio español.
En referencia a las autoridades designadas, cabe destacar que el gobierno de España determinó que la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los requerimientos de la ley MiCA en el país se encuentra bajo el Banco de España (BDE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En este caso, la CNMV se encargaría de la supervisión operacional de las empresas criptográficas registradas, así como también de la entrega de autorizaciones para funcionar en territorio español. Asimismo, se prevé que las labores de la Comisión inicien un año después de culminado el período transitorio establecido.
