El abogado defensor de XRP, John Deaton, ha reiterado sus preocupaciones sobre el supuesto trato preferencial otorgado a Sam Bankman-Fried (SBF), fundador de la fallida plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. Según Deaton, el acceso sin precedentes de SBF a reguladores estadounidenses y figuras políticas clave genera dudas sobre la equidad en la aplicación de la ley en la industria cripto.
Contenido:
Conexiones políticas y donaciones: el eje del favoritismo
Deaton ha destacado repetidamente cómo las conexiones políticas y las cuantiosas donaciones de SBF pudieron haber influido en su trato favorable por parte de las autoridades. Bankman-Fried habría donado un total de 72 millones de dólares a diversos actores políticos, incluyendo 10 millones de dólares directamente a la administración Biden. Estas contribuciones, señala John Deaton, explican en parte por qué SBF tuvo reuniones exclusivas con funcionarios como Gary Gensler, presidente de la SEC.
Mientras tanto, otros líderes de la industria cripto, como Brian Armstrong, CEO de Coinbase, no lograron obtener audiencias con Gensler, lo que para John Deaton plantea serias interrogantes sobre posibles prácticas discriminatorias.
Reuniones selectivas y opacidad en la SEC
John Deaton ha criticado la aparente predisposición de la SEC hacia SBF, quien operaba una plataforma offshore, mientras ignoraba a representantes de empresas con sede en Estados Unidos. En al menos dos ocasiones, Gensler se reunió con Bankman-Fried, pero rechazó solicitudes similares de actores clave en el sector cripto nacional.
El abogado de XRP ha sugerido que esta situación amerita una investigación exhaustiva, instando a la administración a publicar toda la correspondencia y notas relacionadas con SBF. Incluso ofreció dirigir personalmente una investigación sin costo para los contribuyentes.
Padres de SBF y vínculos políticos bajo escrutinio
Otro aspecto controvertido es la falta de cargos contra los padres de SBF, Joe Bankman y Barbara Fried, quienes supuestamente se beneficiaron de fondos malversados de FTX. Según John Deaton, ambos habrían utilizado dinero de los clientes para adquirir propiedades de lujo en las Bahamas, valoradas en millones de dólares.
Además, señala que los padres de SBF tienen conexiones políticas significativas:
- Joe Bankman colaboró en la elaboración de políticas fiscales junto a la senadora Elizabeth Warren.
- Barbara Fried lideró un PAC progresista vinculado a importantes figuras políticas.
Estas relaciones han intensificado las sospechas sobre una posible protección política para la familia Bankman-Fried.
Operación Chokepoint 2.0 y la represión a las criptomonedas
Deaton también ha llamado la atención sobre la denominada Operación Chokepoint 2.0, una supuesta estrategia del gobierno para desbancarizar empresas relacionadas con criptomonedas. Según Deaton, figuras como Jesse Powell de Kraken y Brad Garlinghouse de Ripple han sido víctimas de estas acciones.
El abogado ha solicitado que la administración investigue este fenómeno, proponiendo incluso la designación de un fiscal independiente como Nic Carter para liderar la investigación. Deaton critica particularmente a figuras como la senadora Elizabeth Warren, a quien acusa de respaldar estos esfuerzos en detrimento de la innovación en la industria cripto.
El llamado a la transparencia
En medio de estas acusaciones, John Deaton ha insistido en la necesidad de mayor transparencia por parte de las autoridades reguladoras y del gobierno. Sugiere que solo mediante una investigación independiente será posible disipar las especulaciones sobre favoritismo y proteger la integridad del sistema financiero frente a posibles influencias indebidas.
Deaton concluye que esta situación refleja un desafío más amplio para la industria cripto: la necesidad de reglas claras y justas que promuevan la innovación sin comprometer la justicia ni la equidad en su aplicación.
