La política de Paraguay contra la minería de Bitcoin ilegal continúa, con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) imponiendo una multa de más de 30 millones de guaraníes (aproximadamente $5,000) a un operador de minería que estaba utilizando energía eléctrica de baja tensión, la cual está reservada para equipos domésticos.
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Detección de Uso Inapropiado de Energía
La ANDE, la autoridad eléctrica de Paraguay, llevó a cabo una intervención que condujo a la identificación de un operador de minería de Bitcoin que estaba usando energía eléctrica de baja tensión en Ciudad del Este. El operador permitió que los funcionarios de la ANDE ingresaran al lugar, lo que les permitió verificar que se trataba de una granja de minería de Bitcoin.
Aunque la ANDE no especificó cuántos mineros de Bitcoin se encontraban en funcionamiento en el lugar, se observaron al menos unos 20 equipos ASIC en fotografías compartidas en línea.
Una vez confirmada la actividad de minería ilegal, la ANDE procedió a “normalizar” el suministro de energía eléctrica y a imponer una multa al operador. La multa total asciende a unos 31.5 millones de guaraníes paraguayos, que equivalen a más de $4,700 dólares estadounidenses. Esta cifra se basó en el consumo de energía eléctrica no facturada y en los costos asociados a la intervención de la ANDE, de acuerdo con la Ley 966 del país.
Uso de Energía de Baja Tensión y Tarifas Eléctricas
La multa impuesta al operador se basa en su uso de energía eléctrica de baja tensión, que está prohibida cuando se trata de equipos de alto consumo energético, como los mineros de Bitcoin. Estos dispositivos tienen tarifas eléctricas específicas desde el año pasado, cuando la ANDE estableció que los operadores debían pagar un 6% a 58% más sobre el costo base de la electricidad. En la actualidad, los mineros deben abonar $0.052 por cada kilovatio-hora (kWh) consumido en sus actividades informáticas.
Política de Paraguay Contra la Minería Ilegal
Esta acción y multa contra un minero de Bitcoin refleja la postura de Paraguay en contra de los operadores que extraen BTC de manera ilegal, aprovechándose de la red eléctrica del país, la cual en su mayoría se abastece de fuentes de energía renovable.
La ANDE ha estado tomando medidas enérgicas contra la minería de Bitcoin ilegal desde el inicio de este año. En abril, se informó que la entidad cerró una granja de minería que había causado pérdidas al gobierno por valor de aproximadamente $1.3 millones.
Previamente, en marzo, Paraguay emitió su primera condena legal contra dos mineros de Bitcoin que habían robado electricidad para alimentar sus operaciones. Fueron acusados de realizar una conexión eléctrica ilegal en la región de San Estanislao, en el centro del país.
La política de Paraguay contra la minería de Bitcoin ilegal ha sido respaldada por organizaciones locales, como la Cámara Paraguaya de Fintech, que ha llamado a la formalización y regulación de la industria minera en el país.
Sin embargo, la regulación aún se encuentra en espera, ya que el limbo regulatorio persiste desde diciembre de 2022, cuando los diputados del Congreso archivaron la Ley Bitcoin, previamente vetada por el entonces presidente Mario Abdo Benítez. Aunque se ha mencionado la presentación de un nuevo proyecto de ley para regular el ecosistema de las criptomonedas, aún no se ha presentado ninguna propuesta legislativa ante el Congreso.
